Experimento de la administración Kast

En los últimos días, hemos observado un alza sostenida en el precio de los combustibles, atribuible a condiciones geopolíticas que han provocado incrementos en el costo energético a nivel global. Este encarecimiento ha desencadenado efectos inflacionarios en cascada, afectando no solo al transporte y a la producción de alimentos, sino también a una amplia gama de bienes derivados de los combustibles fósiles: plásticos, fertilizantes, herbicidas, fibras sintéticas, ropa y otros productos de consumo masivo. En consecuencia, la presión inflacionaria se transmite transversalmente a toda la economía.
Lo relevante es que, a nivel global, un número significativo de países ha sostenido durante décadas esquemas de subsidio a los combustibles fósiles. Es decir, el precio del petróleo y sus derivados no refleja plenamente su costo real. Este punto ha sido reiteradamente discutido en las Conferencias de las Partes, donde se ha planteado la necesidad de transparentar dichos precios mediante la eliminación de subsidios. En el caso de Chile, el subsidio al diésel —al igual que en otros países— configura un precio artificial que no internaliza el costo social del carbono ni los impactos asociados al cambio climático.
En términos económicos, esto implica una distorsión relevante: el sistema productivo no incorpora los costos ambientales que genera. Dichos costos son desplazados hacia el futuro y asumidos por la sociedad en forma de desastres naturales, inundaciones, eventos extremos y mayores requerimientos de adaptación, los cuales terminan afectando el crecimiento económico y el gasto público. En consecuencia, lo que hoy se presenta como un alivio en precios es, en realidad, una forma de subsidiar costos futuros crecientes.
Por esta razón, en los espacios multilaterales se ha propuesto de manera consistente la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, con el objetivo de reflejar su costo real. Este proceso, aunque implica un encarecimiento inmediato, tiene efectos estructurales positivos: corrige señales de mercado, incentiva la eficiencia energética y acelera la transición hacia tecnologías limpias, energías renovables y procesos productivos más sostenibles.
En este contexto, el experimento de la administración Kast resulta particularmente ilustrativo. El reciente shock en los precios de los combustibles —impulsado por tensiones geopolíticas como los conflictos en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania— se ha traspasado de manera más directa a los precios internos. Esto refuerza la idea de que los precios previos contenían componentes artificiales. Mientras Chile avanza, de facto, hacia una mayor transparencia de precios, muchos países continúan amortiguando estos impactos mediante subsidios, perpetuando distorsiones y acumulando pasivos ambientales y fiscales.
Este “experimento” permite observar cómo un shock exógeno puede acelerar dinámicas de transición energética. Aun cuando los precios siguen parcialmente subsidiados a nivel global, el aumento relativo ha incentivado cambios en consumo, inversión y desarrollo tecnológico en múltiples sectores. Sin embargo, también evidencia las tensiones políticas y sociales inherentes a este proceso.
En definitiva, el caso chileno ilustra que los subsidios a los combustibles fósiles distorsionan los incentivos económicos y ocultan costos sistémicos relevantes. Transparentar el costo real no solo es una condición necesaria para una transición energética efectiva, sino también para una asignación más eficiente de recursos en la economía.
No obstante, este tipo de medidas conlleva un componente ineludiblemente doloroso. La eliminación de subsidios impacta de manera diferenciada a los distintos quintiles de ingreso, con el riesgo de profundizar desigualdades si no se diseñan mecanismos compensatorios adecuados. En este sentido, el “dolor” asociado a la corrección de precios no es nuevo, sino más bien la materialización de un costo que fue postergado en el tiempo.
El desafío, por tanto, no radica en evitar esta corrección, sino en gestionarla. Se trata de avanzar hacia una transparencia de precios que minimice impactos sociales adversos, mediante políticas públicas que distribuyan equitativamente los costos de la transición. Sin embargo, este es precisamente el punto donde muchas administraciones enfrentan mayores dificultades: asumir costos políticos en horizontes de corto plazo para capturar beneficios estructurales de largo plazo.